El Parlament de Cataluña ha admitido a trámite una proposición de ley impulsada por la CUP que plantea una intervención profunda del mercado de la vivienda para frenar la especulación inmobiliaria. El texto parte de la idea de que la vivienda no debe funcionar como un activo de inversión, sino como un bien esencial vinculado a su función social.
La iniciativa propone declarar tensionado todo el territorio catalán a efectos residenciales, extendiendo las medidas de control más allá de Barcelona y su área metropolitana. La propuesta sostiene que la presión sobre la vivienda también afecta a zonas turísticas y rurales, aunque por motivos distintos, y que por ello la respuesta debe ser general.
Entre las medidas más relevantes figura la limitación del precio de venta de la vivienda libre en las zonas declaradas tensionadas. La proposición fija un tope vinculado al módulo de la vivienda de protección oficial, lo que supondría una reducción significativa del margen habitual de mercado y una aproximación de la vivienda libre a parámetros más intervenidos.
El texto también establece que, en estas zonas, la vivienda comprada deberá destinarse a residencia habitual y permanente en un plazo máximo de tres meses y mantenerse así durante al menos cinco años. Con ello se pretende impedir la compra con fines puramente especulativos, así como frenar usos turísticos o fórmulas de retención de vivienda vacía.
En el ámbito urbanístico, la proposición endurece las obligaciones sobre suelo y promoción residencial. Plantea ampliar las reservas obligatorias para vivienda protegida, aumentar las cesiones a la Administración y reducir el aprovechamiento urbanístico en determinadas actuaciones, con el objetivo de reforzar el parque público y limitar la rentabilidad del suelo residencial.
La norma prevé además un control administrativo reforzado sobre las compraventas. El comprador tendría que declarar en escritura pública si la vivienda se destinará a residencia habitual o a alquiler residencial estable, y la Administración podría supervisar el cumplimiento de esa finalidad. En algunos supuestos, incluso sería necesaria autorización previa para adquirir una nueva vivienda en zonas tensionadas.
La proposición incorpora también un nuevo régimen sancionador para castigar conductas consideradas especulativas, como mantener viviendas vacías sin justificación, falsear el destino declarado en la compra o adquirir inmuebles con finalidad exclusivamente lucrativa en áreas tensionadas.
De salir adelante, la iniciativa supondría uno de los cambios más intensos planteados hasta ahora en materia de vivienda en Cataluña. Al mismo tiempo, varias de sus medidas auguran un fuerte debate jurídico y político, especialmente por su impacto sobre el derecho de propiedad, la compraventa y la intervención pública en el mercado inmobiliario.